Buscan reducir Ingresos Brutos a los empleadores tucumanos para fomentar mayor contratación de trabajadores

El legislador provincial José Macome, del bloque Compromiso con la Lealtad, presentó un proyecto de ley que busca introducir modificaciones al Código Tributario Provincial (Ley 5121) y a la Ley Impositiva (Ley 8467) con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre los sectores productivos que generan empleo y mejorar las condiciones tributarias para los profesionales. La iniciativa también incluye la derogación de facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo para modificar impuestos, consideradas inconstitucionales.

El proyecto propone cambios en el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) para reducir su carácter distorsivo y promover la contratación de trabajadores en blanco. Según Macome, “cambiar la naturaleza distorsiva de nuestros impuestos ya no puede ser un objetivo a largo plazo sino una urgencia ineludible”. Para ello, se incorpora un inciso al artículo 227 del Código Tributario que permite a los empleadores deducir parte del costo salarial de los trabajadores en proporción a la cantidad de empleados contratados. “Se le permite al empleador una deducción que antes se encontraba vedada, pero que entendemos es fundamental como primer paso hacia una nueva política tributaria que promueva la generación de puestos de trabajo”, explicó el legislador. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que, a igual facturación, emplean más mano de obra, generando un mayor impacto social y económico. Por ejemplo, una empresa que facture $10 millones al año y emplee a 10 trabajadores podría deducir un porcentaje de los costos salariales del IIBB, mientras que otra con la misma facturación pero solo 2 empleados tendría un beneficio menor. Esto incentiva la contratación de personal, ya que, como señala Macome, “cada ciudadano que sale del universo de desocupados disminuye nuestro costo asistencial y podemos amortiguar un poco la carga del sector empleador sin perjudicar las arcas del estado”.

El legislador criticó el sistema actual, que permite deducir costos de actividades como los juegos de azar, pero no los laborales: “Es un contrasentido que evidencia una política tributaria que debemos dejar atrás, que fomenta las actividades improductivas por sobre las que producen y generan empleo”.

Flexibilización

Otro aspecto clave del proyecto es la modificación del artículo 228, inciso 15, del Código Tributario, que regula la tributación de los profesionales universitarios. Actualmente, estos pueden deducir hasta siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) de sus ingresos mensuales, pero el cálculo se realiza mes a mes, lo que genera inequidades debido a la irregularidad de sus ingresos. “Los profesionales, a diferencia de quienes están en relación de dependencia, no perciben sus ingresos mensualmente, lo que implica que haya meses con facturación cero y meses en los que superan ampliamente los siete SMVM”, señaló Macome.

La reforma propone que, si en un mes los ingresos de un profesional no alcanzan los siete SMVM, la diferencia entre sus ingresos y ese monto pueda trasladarse como exención a los meses siguientes dentro del mismo período fiscal. Por ejemplo, si el SMVM es de $200.000 y un profesional factura $800.000 en enero (equivalente a 4 SMVM), podrá “acumular” los 3 SMVM no utilizados ($600.000) para deducirlos en febrero o meses posteriores, siempre dentro del mismo año fiscal. Esto busca adaptar el sistema tributario a la realidad de la actividad profesional, que suele ser fluctuante.

El proyecto también introduce dos modificaciones a la Ley Impositiva 8467. La primera consiste en agregar la palabra “anticipo” al artículo 8, aclarando que los pagos mensuales del IIBB son anticipos de un impuesto anual. Esto implica que cualquier pago mínimo mensual se compute como parte del total anual, evitando que los contribuyentes paguen más de lo correspondiente. La segunda modificación permite compensar los pagos por encima del mínimo mensual en meses de alta facturación con aquellos en los que no se alcanza el mínimo. Por ejemplo, si una empresa paga un anticipo mínimo de $50.000 por mes, pero en un mes de baja actividad factura menos y no cubre ese monto, podrá compensar esa diferencia con los meses en los que pagó de más. “Es lógico y necesario que el estado pueda prever su fuente de recursos, pero el contribuyente no puede determinar cuánto será su ingreso mensual mínimo, y aun así debe tributar”, argumentó Macome.

Derogaciones

Un punto destacado del proyecto es la derogación del artículo 11 del Código Tributario, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas y establecer beneficios impositivos a discreción. Macome calificó esta norma como “claramente inconstitucional”, citando el artículo 3 de la Constitución Provincial, que prohíbe la delegación de facultades legislativas, y el artículo 101, inciso 2, que veda al Ejecutivo emitir disposiciones legislativas en materia tributaria, salvo en casos de necesidad y urgencia, que no incluyen este ámbito.“Permitirle al Ejecutivo legislar en materia tributaria colisiona directamente con estas normas constitucionales y con el sistema republicano de gobierno”, afirmó el legislador. La derogación busca garantizar que cualquier cambio en los impuestos sea debatido y aprobado por la Legislatura, respetando la división de poderes.

Macome subrayó que estas modificaciones son un primer paso para transformar la política tributaria provincial sin afectar las finanzas públicas. “Con estas pequeñas modificaciones se empieza a cambiar la política tributaria de a poco, reduciendo el impacto en sus arcas pero dando alivio a los pequeños contribuyentes”, indicó. El legislador destacó la importancia de proteger a los pequeños y medianos emprendedores y autónomos, quienes “son los que se vieron más afectados con la situación sanitaria que vivimos”.